sigue la historia economica de chile
Parte 2
Gasto publico
[ Contenido del Articulo ]
La mezcla de políticas orientadas, principalmente, a obtener un aumento de la demanda agregada y el control de los medios de producción y distribución fue clave para concretar un primer año de gobierno satisfactorio.
Cumplir con las promesas electorales significó un considerable aumento en el gasto publico, que terminó con un déficit sin precedente en la historia chilena. Los gastos del gobierno central crecieron 36% en términos reales, aumentando la participación del gasto fiscal en el PGB de 21% en 1970 a 27% en 1971. Para no afectar la demanda y la producción, el M1 aumentó en 119% en 1971.
El primer año de la UP fue indiscutiblemente bueno. Un dato que mejor lo evidencia fueron los resultados de las elecciones parlamentarias de 1971, que le dieron una mayoría al ejecutivo en el Congreso. Las políticas altamente expansivas permitieron que el PIB creciera un 8%, relativamente mayor al mayor al 3,6% de 1970. La inflación disminuyó de 36,1% en 1970 a 22,1% en 1971. El desempleo nacional registró una caída de 5,7% en 1970 a 3,8% en 1971. Los salarios medios reales aumentaron en 22,3%, con un fuerte beneficio para las remuneraciones de bajos ingresos.
Evolución de las principales variables macroeconómicas 1970-1973
1970 1971 1972 1973
PGB 3,6 8,0 -0,1 -4,3
IPC 36,1 22,1 260,5 605,1
Desempleo 5,7 3,8 3,1 4,8
Salarios Reales 8,5 22,3 -16,6 -25,3*
Cobre 120 -*- 85,2 120,1
Superávit Fiscal -3,5 -*- -14,1 -10,5
Fuente: Banco Central, Cieplan, Odeplan (*) Corresponde a los tres primeros trimestres.
El gobierno para no afectar la demanda agregada mantuvo un impulso monetario “acomodativo” a través de la expansión del dinero efectivo (M1), de hecho éste creció en 119% durante 1971. Además se apoyó en controles de precios que contuvieron los reajustes nominales de las remuneraciones de más de 50%, se aumentó los gastos nominales del Ejecutivo en torno a 60% y la emisión superó el 100%. Las reservas internacionales se redujeron en un 59%.
La política de apoyo significó que el crédito al sector público creciera en 124% , más del 90% del crédito proporcionado por el Banco Central al sector público tenía la forma de dinero primario obtenido por el aumento en la emisión de circulante.
La balanza comercial de un superávit de US$ 95 millones en 1970 pasó a un déficit de US$ 90 millones en 1971, siendo al abrupta caída del precio del cobre el principal factor de deterioro.
El proceso de expropiación de los agentes productivos se hizo rápidamente. En menos de un año, el gobierno nacionalizó todos los bancos privados. Así el Ejecutivo extendió su control mediante nacionalizaciones y expropiaciones, que al final de su gestión dejaron al sistema bancario y una parte considerable de las actividades productivas en manos del Estado.
No obstante, el objetivo de apuntar a todas los aparatos de producción llevaron a que se alinearan inversionistas extranjeros, los dueños de las grandes compañías locales y, también, los pequeños y medianos empresarios. Así fueron las asociaciones de camioneros y microbuseros los principales opositores que tuvo el gobierno de la UP en la calle.
Durante el período de 1971 y 1973 se tomaron cerca de 500 empresas y se expropió más de un cuarto del total de tierras agrícolas. El período se caracterizó por una profunda crisis económica y política. Antes de su fin, el PIB real per cápita y los salarios reales habían descendido a niveles inferiores a los de 1970; la producción agrícola se encontraba al nivel de comienzos de los años sesenta; el déficit del gobierno central excedía al 20% del PIB; en el mercado negro, el tipo de cambio tenía un valor diez veces mayor que el cambio oficial y las reservas netas eran negativas.
Además se aplica un programa de incentivos “distributivos” que merman aún más las finanzas públicas.
Las empresas estatales , excluyendo a Codelco, comenzaron a requerir dineros fiscales para su funcionamiento. En 1971, el déficit de las empresas estatales se incrementa en 2,3% del PGB, en 1972 se registró un aumento adicional de 0,3%, y en 1973 este déficit alcanza un 10,5% del PGB.
En este escenario, las tarifas de utilidad pública entre 1970 y 1973, el precio real de la electricidad cae 85%, de los servicios postales y telefónicos 33% y 23% respectivamente, del gas licuado 21%, el precio real de los combustibles (bencina y petróleo) cae 31% entre 1970 y 1972 para luego recuperar su valor en 1973.
La inversión se vio afectada fuertemente. Mientras el consumo crece a tasas de 12% durante 1971, la inversión bruta cayó en 2,3%, resultado de una inversión pública creciendo a 10,3% y una inversión privada retrocediendo en 16,8%.
Parte el año 1972 y la política económica comienza a mostrar signos de desajustes que minan la confianza de las personas. En 1972, la inflación aumenta vertiginosamente, para terminar ese año en 260,5%, comienza la escasez, no tanto porque la producción global estuviese cayendo sino que al haber abundancia de dinero las personas comienzan a acaparar los productos.
En este contexto, los reajustes de salarios reales se vuelven inefectivos y la estructura que buscaba combatir a los especuladores del mercado negro, las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) se vuelven ineficientes.
El fisco ve disminuir fuertemente la recaudación de impuestos. La caída de las contribuciones a la previsión social es la principal merma que se evidencia así como los impuestos indirectos.
Ya en el segundo año de gobierno de la UP, la situación económica era insostenible. A todos los problemas institucionales que afectaron, se unió un conjunto de eventos en la economía mundial, entre ellos el fuerte incremento en el precio del petróleo y un retroceso en el valor del cobre que cooperó en el deterioro de los términos de intercambio. Asimismo se debió enfrentar un corte de los flujos de capitales privados y una salida de recursos nacionales.
El resultado es un déficit público incontrolable que alcanza el 15,3% en 1971, 24,5% en 1972, y 30,5% en 1973. A este déficit contribuyen casi en partes iguales el gobierno con un 10,5%, las empresas públicas con 10,5% y las empresas del área social de 9,5%.
En este escenario, el gobierno sólo contaba con la emisión como principal vehículo de financiamiento. Se utilizaba para este efecto al Banco Central, que dependía directamente del Ministerio de Hacienda.
En el mercado de capitales una porción significativa se financió mediante emisiones monetarias del Banco Central. El resultado final fue un incremento de la cantidad de dinero de 173% en 1972 y 413% en 1973, en tres años la cantidad de dinero aumentó en casi 30 veces.
El mercado negro acrecentó la distancia entre sus precios y los oficiales. El tipo de cambio paralelo llegó a ser 1,46 veces el oficial. A septiembre de 1973 el dólar oficial había caído 70% de su valor, mientras que el dólar paralelo había subido 500%.
La producción efectiva retrocedió 4,1% (7,4% por habitante) durante 1972-73, a consecuencia de los desequilibrios sectoriales, innumerables huelgas, la desmesurada dispersión de tipos de cambio múltiples, la distorsión de los precios relativos oficiales y del creciente mercado negro y la aceleración inflacionaria.
Como consecuencia de los aumentos en los salarios y los estrictos controles de precios se produjo una contracción en las utilidades de las empresas productivas que motivo aun más el descenso en la tasa de inversión.
Las bajas producciones registradas entre 1972 y los meses de 1973 antes del Golpe Militar de septiembre, no reflejan una destrucción neta de capacidad, sino una subutilización creciente.
En septiembre de 1973, la inflación alcanzaba del orden de 600% en doce meses, y un descenso del PIB de 4,3%.
Esta política económica finalmente trajo efectos negativos a nivel político, que se vieron acrecentados por una fase de contracción económica. Además las autoridades de la UP sobreestimaron la capacidad productiva ociosa y la capacidad del Estado para regular y controlar administrativamente los desajustes, tanto de precios, como de balanza de pagos.
Bajo este escenario y un cuestionamiento de gobernabilidad llegó el golpismo que fue encabezado por las cuatro ramas de las fuerzas armadas. Ellos al mando del comandante en jefe del Ejercito, designado por el propio Allende, general Augusto Pinochet la mañana del 11 de septiembre de 1973 protagonizan uno de los peores quiebres de la institucionalidad chilena.
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